Las televisiones privadas españolas tendrán que destinar el 5% de sus ingresos a financiar películas de cine y televisión, de los que el 60% irán destinados a la producción de películas en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de España, según una sentencia que del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, UTECA, presentó un recurso contra esta medida ante el Tribunal Supremo, que en el momento consultó con el tribunal de Luxemburgo.
Interés general
El Tribunal afirma que la obligación podría restringir varias libertades fundamentales, como la libre prestación de servicios, la de establecimiento, de circulación de capitales y de circulación de trabajadores, aunque las justifica por razones imperiosas de interés general.
Éste tribunal ha considerado que las razones culturales de defensa del multilingüismo español, en las que se basa la medida controvertida, constituyen una razón imperiosa de interés general, porque dicha medida obliga a las televisiones a invertir en películas cinematográficas y de televisión.
El Tribunal de Justicia también ha rechazado que con esta medida tampoco suponen una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica, ya que en el proceso no interviene ningún organismo público, sino que se obliga por igual a televisiones públicas y privadas.