Un juez de San Sebastián ha apreciado que existen indicios de posible comisión de un delito de tortura a los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, por parte de 15 agentes de la Guardia Civil que participaron en su arresto y custodia posterior y, por tanto, ha ordenado que continúen las diligencias del caso.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el juez ha transformado las diligencias previas del caso sobre posibles malos tratos, en procedimiento abreviado para que continúe la causa penal contra los agentes, a quienes se les imputa un delito de tortura. Entre los imputados se encuentran, el director del operativo policial y el agente encargado de su custodia en los calabozos tras su detención el 6 de enero del 2008 en Mondragón (Guipúzcoa).
La madrugada siguiente, Portu tuvo que ser ingresado en un hospital con una costilla rota, numerosas contusiones, derrame pleural y un importante enfisema subcutáneo que iba desde la región cervical hasta la pelvis, además de numerosos hematomas. El detenido declaró que no opuso resistencia a su arresto y que fue golpeado por los guardias civiles desde que fue capturado hasta que lo llevaron a Lesaka (Navarra) para participar en varios registros.
Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que las heridas que presentaba eran consecuencia de las maniobras de "sujeción y retención" a las que fue sometido Portu durante su arresto porque intentó huir.
Por otra parte, el ex jefe de la banda Garikoitz Aspiazu Txeroki dijo que esa denuncia de tortura era falsa, según consta en un documento que se le incautó al etarra detenido el 17 de noviembre pasado y al que ha tenido acceso Europa Press. "Siempre hay que denunciar torturas y ratificarse ante el juez", se lee en ese documento que después hace alusión al caso referido.
La cuestión de las toturas bajo custodia policial en España es una cuestión que preocupa a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional e incluso de la ONU. El antiguo relator Theo van Boven expuso en su informe del año 2004 que "las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular en sus actividades antiterroristas, recurren más que esporádicamente a prácticas que constituyen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
El Ministerio de Interior considera a Portu y a Sarasola miembros del comando que atentó el 30 de diciembre de 2006 contra el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas, acción en la que murieron los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y con la que ETA rompió el alto el fuego que mantenía desde el 24 de marzo anterior.