Los jueces convocantes de la huelga han planteado este paro como una medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias en materia judicial acepten sus reivindicaciones.
Entre las demandas de la Judicatura se encuentran la instauración de la nueva Oficina Judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías o el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez.
También reivindican la adopción de las medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5%, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.