El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha señalado que las reglas que la UE está preparando para permitir a los países agrupar los activos tóxicos en "bancos malos" deben garantizar que las entidades sanas, que no necesitan esa ayuda, no acaben en peor situación que las otras.
En principio, el Ejecutivo español no planea aplicar en nuestro país la idea del "banco malo" y eso podría colocar en una situación de desventaja a las entidades españolas frente a las de otros países que se vean liberadas de los activos que les están generando problemas de liquidez.
A su llegada a la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE) que tratará de pactar reglas comunes en este ámbito, Solbes precisó que "no es un problema de la banca española" frente a la de otros países.
Pero insistió en que el modelo debe incluir condiciones de control por parte de la Comisión Europea en cuanto a las aportaciones de capital público, "de forma que todos tengamos las mismas condiciones".
El vicepresidente ha destacado que "no tiene ningún sentido que precisamente los bancos que no tienen dificultades y no tienen que recurrir a esa situación al final acaben en peor situación que los otros".
Aludió a los procesos de recapitalización -un mecanismo que tampoco se ha utilizado en España y que ha generado protestas entre los bancos españoles por la ventaja que daba a sus rivales- y destacó que, al final, no han dado lugar a competencia desleal, como se temía.
Más confianza y más crédito
El Ecofin intentará lograr un acuerdo sobre cómo organizar la segregación de los activos denominados "tóxicos", con objetivo de restaurar la confianza en las entidades financieras y normalizar el funcionamiento del crédito.
El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la zona del euro), confía en que el Ecofin sea capaz de lograr un acuerdo.
Según Juncker, la idea es ofrecer distintas opciones para que cada país elija la más conveniente, teniendo en cuenta las especificidades de su economía y de las entidades afectadas, aunque en torno a unas reglas comunes.
Solbes ha rebajado las expectativas de un acuerdo, al señalar que "es posible, podría ser incluso deseable, pero no es un tema fácil".
Según explicó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, el principal problema es definir el método de evaluación de los activos "dañados", para evitar un perjuicio excesivo a la competencia y garantizar el uso más eficiente posible del dinero de los contribuyentes.