El Ministerio de Justicia ha aprobado este viernes la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del presidente de la Generalitat Lluís Companys, que murió fusilado en 1940.
Fuentes del departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo han informado de que el certificado de reconocimiento personal de Companys fue aprobado el pasado mes de diciembre junto a los de otras 41 personas, al resolver las primeras solicitudes recibidas.
Justicia prepara un acto colectivo de entrega de esos certificados, pero aún no ha concretado la fecha ni el lugar de celebración del mismo.
A día de hoy, el Ministerio ha recibido 360 solicitudes de declaración y reconocimiento personal de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, derecho recogido en la Ley de Memoria Histórica.
La declaración constituye un reconocimiento del derecho individual de reparación moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, entre otras.
Pueden solicitarla los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, los cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado, así como las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante, y se resuelve en un plazo de 6 meses.
Un reconocimiento previsto en la ley
Esta declaración no supone, en ningún caso, el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha confirmado la concesión de la declaración a la familia de Companys "dentro de las 42 primeras peticiones que se han realizado de ese reconocimiento previsto en la ley".
"Se le dará el reconocimiento que realmente lleva consigo la ejecución de un acuerdo de esta naturaleza ¿Eso significa algo más? No significa nada más, eso se agota en sí mismo en función de lo previsto en la ley, mas allá de las decisiones que individualmente puedan adoptar la familia y las instituciones", ha dicho De la Vega.