Más de 3,8 millones de bolivianos están llamados este domingo a las urnas con motivo del referendum en el que se decidirá si sale adelante la nueva Constitución. Una Carta Magna que supone un examen decisivo para el proyecto político "refundacional" del presidente Evo Morales.
El texto propone una Bolivia plurinacional, orientada a la integración indígena y social, con autonomías y con una economía de carácter "estatista".
Morales ha defendido la Constitución con el lema "Una Bolivia unida y sin autonomías". Enfrente se ha encontrado a sus opositores regionales de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chiquisaca.
Los partidarios del "No" han criticado que el nuevo texto divide a Bolivia en más de 30 naciones originarias, rompe el principio de igualdad en favor de los indígenas, no asegura una auténtica descentralización autonómica y pone en peligro valores como la religión católica o la familia.
Tranquilidad en las horas previas
Pese a las discrepancias que ha levantado el referendum, la jornada previa a la votación ha resultado tranquila incluso en los departamentos liderados por la oposición, como Santa Cruz.
Numerosos vehículos han circulado por sus calles exhibiendo pegatinas con el "No" y algunos edificios públicos han lucido banderolas con lemas como "No a la Constitución masista, corrupta y contrabandista" o "Jesucristo en nuestro único fundamento y fortaleza, mi voto es no".
Parte del proyecto político de Morales
La Constitución Política del Estado consta de 234 artículos, que fueron redactados por una Asamblea Constituyente formada por 255 legisladores, elegidos previamente por una consulta popular.
Es parte importante del proyecto político de Evo Morales, que comenzó en 2006, cuando asumió el poder, prometiendo cambios e innovaciones sociales, económicas y políticas para poner fin al "neoliberalismo" de los Gobierno anteriores.
El texto que se somete a referendo es el fruto de un acuerdo político alcanzado en el Congreso Nacional en octubre entre el oficialismo y parte de la oposición, que permitió "pacificar" el país tras semanas de conflictividad cuyo episodio más grave fue la matanza ocurrida en el departamento amazónico de Pando (norte).
Para lograr ese acuerdo, el oficialismo aceptó modificar más de cien artículos del proyecto aprobado por esta polémica Asamblea Constituyente, que finalizó sus trabajos en diciembre de 2007.
En aras a ese consenso, Morales tuvo también que ceder en sus posibilidades de reelección y se comprometió a presentarse solo una vez más a los comicios presidenciales, que se celebrarán de forma anticipada el 6 diciembre de 2009.
Examen importante
Tres años después de acceder a la Presidencia, Morales afronta en el referendo del domingo el examen más importante a su "revolución democrática y cultural" con la que pretende instaurar una "nueva Bolivia" que cierre su etapa "colonial y neoliberal".
El gobernante aimara ha pedido precisamente una "descolonización" de mentalidades en el país para poder aplicar la nueva Constitución, que será la décimo sexta si queda ratificada.
Los defensores de la nueva Constitución esperan un amplio respaldo a este texto tras una campaña donde curiosamente los medios de comunicación no han difundido encuestas sobre resultados, según ha constatado el propio Morales que se ha declarado "sorprendido" por esta circunstancia.
La decisiva cita ha suscitado el interés de la comunidad internacional dada la presencia de más de 300 observadores procedentes fundamentalmente de América y Europa que velarán por el correcto desarrollo de la consulta.
La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Cárter de Estados Unidos y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) son algunos de los organismos internacionales que han enviado misiones de observación a Bolivia.
En la consulta de este domingo, los bolivianos deciden sobre dos cuestiones: el conjunto del texto constitucional, por un lado, y, en otra pregunta, sobre la extensión mínima que debe tener un latifundio improductivo (5.000 ó 10.000 hectáreas) para ser expropiado por el Estado.