Tres de las cuatro asociaciones de jueces consideran que la huelga anunciada para el 18 de febrero por los jueces de Madrid, Murcia, Extremadura o Zamora cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, discrepa de esta lectura "pesimista" que han hecho las otras tres asociaciones de jueces, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
El portavoz de la APM, Antonio García, ha mostrado su rechazo a esa interpretación, que ha calificado de "pesimista", porque, según ha explicado, la convocatoria de huelga en febrero es de carácter minoritario.
Además "no es una decisión firme", ya que ha sido supeditada a lo que suceda en la reunión que el lunes mantendrán las cuatro asociaciones con Fernández Bermejo.
"Cómo va a poner en duda la representatividad de las asociaciones lo que hayan podido decidir 120 o de 130 jueces cuando resulta que sólo la APM agrupa a 1.200", se ha preguntado García, al observar que lo único que hoy se ha puesto de manifiesto es "una situación de enfado, que es mayor en algunas partes de España".
Para García, "una huelga de jueces es algo que nadie quiere y los jueces menos que nadie" y por ello espera que si el Ministerio se compromete a solucionar los problemas de la Justicia "con voluntad firme", "ningún juez pondrá en marcha ninguna medida tan extraordinaria como una huelga".
Negociadores sin fuerza
Por contra, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, ha reconocido que la convocatoria de esta huelga "distorsiona las posibilidades de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno en cauces unitarios y con racionalidad", y ha reclamado a sus compañeros que reconsideren su decisión.
Gimeno ha recordado que, "bien o mal", las asociaciones están actuando como "negociadores" y si no tienen fuerza suficiente dejarán de serlo, por lo que la convocatoria de esa huelga les coloca en una situación peculiar y descontrolada. "Habrá que ver el Ministerio con quien negocia, si los que representan mayoritariamente a la carrera no están autorizados" ha recalcado Gimeno.
También el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, ha dicho que, aunque respeta la decisión adoptada por las juntas de jueces, espera que no afecte a la reunión del lunes, a la que deberían haber acudido con "unidad de acción".
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha señalado que "el gran problema de la carrera judicial es su fragmentación debido a una mala política asociativa durante 25 años" y ha recordado que un 50% de los jueces no están afiliados.
La intención de las asociaciones, ha explicado, es la de hacer un "esfuerzo por reconducir esta fragmentación a una unidad de actuación", que "es la única que puede garantizar el éxito".
Por ello cree que lo ocurrido hoy afectará a la reunión con el Ministerio, "porque la posición de las asociaciones queda debilitada", ya que "nosotros no podemos hacernos responsables de una huelga que no hemos convocado".