Las asociaciones judiciales han acordado la realización de actos reivindicativos en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero.
Los jueces exigen al Gobierno y el CGPJ que atiendan sus demandas laborales y profesionales y amenazan con convocar medidas "extremas" como sería la huelga.
Ante la noticia, el Gobierno y los distintos grupos políticos han mostrado sus primeras reacciones.
El Ministerio de Justicia cree que una huelga de jueces sería "injustificada e injustificable", al tiempo que considera "sorprendente y decepcionante" que las cuatro asociaciones judiciales amenacen con un paro si no se atienden sus reivindicaciones.
El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo opina que vincular la huelga a una mejora económica resulta difícil de comprender en el actual momento de crisis y teniendo en cuenta que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5% debido al incremento de las pagas extraordinarias. Justicia señala además que es "incomprensible" para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado.
- El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha advertido a los jueces de que, por ley, para ellos "no es posible" celebrar una huelga. Blanco ha respondido así a la posibilidad de que los jueces convoquen una huelga. Legalmente, los jueces no pueden ir a la huelga y "yo espero que los jueces cumplan la ley", ha sentenciado Blanco.
- El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha rechazado la posible huelga de jueces porque considera que no es "el medio adecuado" para el Estado de Derecho. No obstante, Trillo ha asegurado compartir su preocupación ante la "grave situación" de falta de medios personales y materiales de la administración de justicia.
- Trillo ha advertido al Gobierno de que el diálogo sobre la situación de la justicia es "inaplazable y urgente" y le ha instado a manifestar su "firme compromiso"; de no ser así, considera "muy difícil" mantener el pacto de la justicia firmado el pasado mes de julio con el Gobierno si no se resuelve la situación de los jueces.
- CiU ha señalado que comparte con las asociaciones de jueces que la Administración de Justicia "no funciona", aunque los nacionalistas catalanes añadieron que ir a la huelga "encaja mal" con el poder que tienen estos funcionarios de hacer cumplir la ley.
- "Es lógico que existan motivos de queja", porque "la verdad es que esto no funciona", ha señalado Jordi Jané, portavoz de Justicia de CiU en el Congreso. No obstante, Jané, ha señalado que "amenazar con una huelga parece que encaja mal con la función jurisdiccional, porque jueces y magistrados tienen el deber de administrar justicia", facultad que les otorga la Constitución.
- La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, considera "urgente e impostergable" que el Gobierno adopte medidas extraordinarias para reforzar los órganos judiciales a fin de que puedan afrontar el aumento de la carga de trabajo que se derivará de la crisis económica por la que atraviesa el país.
- Díez ha pedido al Ejecutivo que informe si tiene previsto impulsar actuaciones para la formación acelerada de nuevos jueces, secretarios judiciales y otro personal adscrito a las oficinas judiciales y si prevé ampliar las plantillas de funcionarios.