Una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945) denunciará por prevaricación a los magistrados que paralizaron la apertura de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo. Para ello, ha solicitado a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su identidad.
En el escrito presentado por su abogado, Carmen Negrín Fetter considera que la resolución dictada el pasado viernes por el tribunal "puede reunir los elementos del tipo de resolución injusta dictada a sabiendas". En él solicita la identidad del fiscal que pidió la paralización de las exhumaciones y de los magistrados que votaron a favor de esta medida: diez de los quince que asistieron al pleno.
Negrín Fetter alega que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal" y que "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
El letrado indica que una vez obtenidos los datos que solicita su intención es presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra estos jueces y fiscales por prevaricación. Garcés adjunta en su recurso la información públicada internet por la que su cliente tuvo conocimiento de la medida de la Sala de lo Penal.
Además, la nieta de Negrín había solicitado hace unas semanas a la sala de lo Penal que se abstuviera de decidir sobre la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar los hechos.
El juez Baltasar Garzón se declaró competente el pasado mes de octubre para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad.
El magistrado admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, y autorizó las exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.
El pasado 6 de noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sustitución de Baltasar Garzón, autorizó en una providencia la apertura de la fosa de Lorca y del columbario de la basílica del Valle de los Caídos.
Pero un día después, el viernes 7 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia paralizaron la apertura de las fosas.