La Conferencia Episcopal contestará al requerimiento de Baltasar Garzón "cuando llegue". Es la escueta respuesta de los obispos a la providencia del juez, la segunda en un mes, en la que solicita a la Iglesia que "colabore con la Administración de Justicia" para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura.
El portavoz de los obispos, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, se ha comprometido a hacer "todo lo posible para colaborar con la Justicia"en el marco de la Ley". Además, ha reiterado que los archivos parroquiales "son públicos" y "pueden acceder a ellos de acuerdo con la reglamentación para respetar los datos".
Martínez Camino ha manifestado que no hay una postura oficial de la Iglesia sobre la Ley de Memoria Histórica, aunque ha manifestado que si ésta "pone en peligro la reconciliación, sería innecesaria". En todo caso, señaló que la Iglesia defiende que todas las familias, de todos los frentes, "puedan conocer la historia de sus seres queridos".
Además, recordó que algunos de los mártires, víctimas de los republicanos, que la Iglesia beatificó el año pasado en Roma "no saben donde están enterrados" y pidió que no se haga de la ley "un enfrentamiento ideológico y político que ponga en peligro el bien común".
Segundo requerimiento de Garzón
Este jueves, Garzón se dirigió de nuevo a la Conferencia Episcopal para exigirle su colaboración. La Iglesia había contestado antes al juez que no era la institución apropiada para recabar este tipo de información. Así las cosas, el magistrado de la Audiencia Nacional cursó un nuevo oficio a los obispos para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia".
El juez ha dado un plazo de una semana para que las asociaciones de familiares de víctimas presenten un listado único y evitar, de esta forma, que haya nombres que se repitan. Una tarea que, según confirmó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a RTVE.es, Emilio Silva, no será fácil, porque "unos datos están digitalizados y otros no".
A este respecto, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo le ha dicho al juez que debe ser él mismo el que debe depurar los posibles errores y duplicaciones en los listados de desaparecidos, porque ya han sido entregados a la Audiencia Nacional.
De momento, el juez ha recibido información sobre más de 143.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.