Los ministros del Interior de la UE han aprobado formalmente el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y promover la inmigración legal y la integración, según informaron fuentes diplomáticas.
Además, han incluido dos modificaciones a los puntos ya establecidos en julio. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.
Además, se da el visto bueno a la regularización rápida de inmigrantes que estén altamente cualificados laboralmente. Es lo que se ha venido llamando 'tarjeta azul' para inmigrantes.
El Pacto, que ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio, todavía debe ser ratificado en la cumbre que celebrarán en octubre los jefes de Estado y de Gobierno.
España, que estuvo representada en la reunión por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se encuentra satisfecha con esta iniciativa porque ha participado en su redacción desde el inicio y porque el Gobierno de París ha suprimido las dos cuestiones que más le incomodaban: la referencia a un contrato de integración para los inmigrantes y la intención de prohibir prácticamente las regularizaciones masivas.
El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos".
Estos son los principales puntos del pacto:
- Cada Estado miembro deberá determinar las condiciones de admisión a su territorio y fijar el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo y atendiendo a las consecuencias en los demás países miembros.
- Se impulsará la admisión de trabajadores cualificados y se favorecerá la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.
- La reagrupación familiar se vinculará a los ingresos y condiciones de residencia de la familia, así como al conocimiento del idioma del país de acogida.
- Los Estados miembros fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos (acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales) y deberes (aprendizaje del idioma, respeto a las leyes del país de acogida).
- Los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar la UE voluntariamente o serán expulsados.
- Las regularizaciones se harán "caso por caso", a título excepcional, por motivos humanitarios o económicos.
- Se intentará establecer acuerdos de readmisión, comunitarios o bilaterales, con los países de origen de inmigración, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.
- Los Estados miembros deberán ofrecer ayudas para el retorno voluntario de los inmigrantes.
- El 1 de enero de 2012, como muy tarde, se implantarán en la UE los visados con información biométrica.
- A partir de esa fecha también debería estar operativo un registro electrónico de salidas y entradas.
- Se reforzarán el papel y los recursos de Frontex (la agencia europea de control de fronteras).
- En materia de asilo, la UE creará en 2009 una oficina europea "de apoyo", sin poderes, para facilitar el intercambio de información.
- La Comisión Europea deberá presentar propuestas para instaurar en 2012 un procedimiento de asilo único en la UE, basado en garantías comunes.
- La UE trabajará para establecer acuerdos con los países de origen o tránsito de los inmigrantes sobre gestión de la inmigración legal y lucha contra la irregular, mecanismos de readmisión, y apoyo al desarrollo de sus economías.