El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado la multa de 305 euros que la Comisión Disciplinaria de este órgano impuso el año pasado a la jueza de Denia (Alicante), Laura Alabau, que criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía, tras negarse a celebrar bodas entre parejas homosexuales.
Lo justifican en la prevalencia de la libertad de expresión de la juez ante lo que consideró una situación de acoso. Lo han acordado en la última sesión plenaria el actual Consejo por nueve votos a favor, de la mayoría conservadora, y ocho en contra, de los vocales de la minoría progresista, quienes han anunciado la formulación de varios votos particulares.
La jueza cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrar estas bodas y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en su país de origen no estaba reconocido.
Alabau, magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, fue sancionada el 30 de mayo de 2007 por la Comisión Disciplinaria por una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Este artículo establece que es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición".
En el escrito que la jueza dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que reprodujeron algunos medios, Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación con los matrimonios homosexuales- "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos".
Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".
Los homosexuales y lesbianas critican que los prejuicios se impongan a la ley
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Confederación Española COLEGAS han denunciado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "anteponga sus prejuicios a la ley y el amiguismo a la justicia" al aceptar el recurso que levanta la sanción a la jueza del Registro Civil de Denia.
Según la FELGTB, "el perdón" a la jueza Laura Alabau "muestra claramente cómo la homofobia y los criterios moralistas y prejuiciosos se anteponen a la jurisprudencia". La organización denuncia además que el CGPJ está siguiendo con esta decisión "la misma línea de actuación que ha mantenido desde el principio, cuando dio un informe negativo sobre el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, y lo comparó con el casamiento entre una persona y un animal".
Por su parte, COLEGAS tilda de "inaudito que tales hechos se estén produciendo con relativa asiduidad en la justicia española" y compara el caso con la sanción de 1.500 euros impuesta sobre el juez que no encarceló al supuesto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. A juicio de la asociación, "el control a la judicatura falla, y se antepone la simple defensa del corporativismo profesional a la misma esencia de la justicia". "Si el CGPJ no funciona, es necesario disolverlo", declara la organización.
El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, ha calificadode "vergonzosa" la decisión del Poder Judicial. En un comunicado, Zerolo afirma que, "tras lo sucedido con el juez Tirado, la mayoría conservadora del CGPJ se retira haciéndole un flaco favor al sistema judicial español y a la credibilidad del máximo órgano de los jueces".
El dirigente socialista califica de "vergonzosa", "increíble" y "corporativista" la decisión y recuerda el apoyo explícito del PP a la juez, alabada en 2005 por el ex ministro de Justicia José María Michavila, que la felicitó públicamente por impedir el matrimonio entre dos lesbianas.