El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que el Ministerio Fiscal está estudiando interponer un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sancionar sólo con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
"Quiero conocer la resolución, pero en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa", ha dicho el ministro, en los pasillos del Congreso, cuando los se le ha pedido opinión sobre la sanción a Tirado, quien no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de Mari Luz.
Fernández Bermejo ha añadido que a su juicio "sería bueno" que el Ministerio Fiscal recurriera la medida y de hecho ha anticipado que le consta que "están ya pensando en un posible recurso".
Respecto a la posibilidad de que el propio sancionado pueda a su vez recurrir la multa que le ha impuesto el órgano de gobierno de los jueces, el titular de Justicia ha dicho: "Con todos mis respetos, quien confío que recurra es el Ministerio Fiscal".
La comisión disciplinaria del CGPJ ha impuesto esta sanción al considerar que el juez Tirado ha cometido una "falta grave" por retraso injustificado en la tramitación de la causa.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que llevará a cabo el recurso.
Una vocal pide más sanciones
La sanción impuesta al juez Tirado ha recibido tres votos a favor y dos en contra, el de las vocales Montserrat Comas y María Ángeles García. Comas ha emitido un voto particular para hacer pública su discrepancia con la multa de 1.500 euros.
Esta vocal ha reivindicado en su escrito mayores sanciones para el juez que, debido a un error en la ejecución de una sentencia, dejó en libertad a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, a pesar de que sobre él pesaba una condena de más de dos años por abusos sexuales a una de sus hijas.
La vocal considera que la Comisión Disciplinaria debería haber devuelto las actuaciones al instructor de la causa -el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wencelao Olea- para que éste formulara una nueva acusación calificando los hechos como una falta muy grave.
La calificación como falta muy grave, que es la misma que propuso la Fiscalía, prevé sanciones mucho más importantes, que pasan por el traslado forzoso del juez Tirado a otro juzgado e incluso su expulsión definitiva de la carrera judicial.
Dos años sin ejecutar la condena
Comas subraya que el juez Tirado, después de decidir no suspender la ejecución de la condena impuesta a Del Valle, estuvo más dos años sin tomar ninguna decisión al respecto. Destaca que no ordenó su ingreso en prisión hasta que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva le comunicó que se Del Valle se encontraba detenido, imputado por el asesinato de la niña Mari Luz.
El escrito reivindica que la responsabilidad de ejecutar lo juzgado y de controlar estos procesos ejecutorios es exclusiva del juez, por lo que entiende que Tirado no puede escudarse en "errores, pasividades y negligencias en cadena por parte del funcionario y secretario judicial" de su juzgado.
"En caso contrario, las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna", señala Comas.
Por estas razones, considera que la actuación del juez Tirado constituye una "manifiesta e inexcusable falta de atención en el cumplimiento de cualquiera de los deberes inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional" que debería calificarse como falta muy grave.
La vocal defiende por último que "la concepción constitucional de la exigencia de responsabilidad" al Poder Judicial "va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del poder judicial", algo que, a su entender, no se ha cumplido en el caso del juez Tirado.