Los Juzgados especializados en Ejecutorias penales y los de lo Penal ordinarios registraban a finales de 2007 un total de 269.405 asuntos pendientes de ejecutar en toda España, según datos de la sección de Organización y Gestión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este estudio del Servicio de Inspección del CGPJ contiene una serie de propuestas tendentes a obtener la plena normalización de los citados órganos y pide al Ministerio de Justicia la creación e implantación de un sistema de Oficina Judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias.
Entre las propuestas también se incluye la aprobación de medidas de refuerzo y que tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia adopten medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular o que se les facilite a los primeros la formación necesaria.
Aboga por la implantación de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias y propone la elaboración de un estudio de estos órganos durante este año para controlar su funcionamiento.
Además, ante la huelga de los funcionarios de Justicia en las siete comunidades autónomas donde no están transferidas las competencias y que se alargó durante dos meses, el CGPJ propuso al Ministerio la creación de una comisión que analizase medidas concretas para paliar los efectos de la paralización de los órganos judiciales.
El estudio del CGPJ concluye que la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias durante el trienio 2005-2007 "excede ampliamente" el módulo previsto para este tipo de órganos (2.655 expedientes).
La elevada movilidad funcionarial, la falta de experiencia del personal y cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad han impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad, pone de manifiesto este informe.
De los 269.405 asuntos pendientes de ejecutar el 70,25% corresponden a los Juzgados de lo Penal y el resto a los Juzgados Penales Especializados, que funcionan únicamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca.
Según explica el estudio, la ratio media de pendencia alcanza un porcentaje de 795 ejecutorias por cada Juzgado de lo Penal ordinario y de 5.723 ejecutorias por cada órgano especializado.
En España existen 323 Juzgados de lo Penal, de los que 14 son de lo Penal de Ejecutorias, 237 Juzgados de lo Penal que conservan sus competencias sobre sus sentencias y 72 Juzgados de lo Penal que remiten sus ejecutorias a órganos especializados; mientras que los Juzgados Penales de Ejecutorias representan el 5,90 por ciento de la planta jurisdiccional total.
Catastrofismo
Con todo, un portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, ha pedido que no se haga "catastrofismo" con la situación de la justicia, afirmando que su funcionamiento no es ningún "cataclismo".
Tapia ha señalado que no hay pasividad por parte de la justicia penal y que la mejor prueba de ello es que en España el número de personas cumpliendo pena "se está incrementando en una grado que incluso no sería el deseable".
En este sentido, ha argumentado que el problema de la Justicia española no está tanto en la fase de enjuiciamiento, sino en el sistema de ejecución de las sentencias, aunque ha subrayado que las penas graves se ejecutan normalmente con "una cierta rapidez y eficacia".