El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas de Impulso a la Actividad Económica, con el que el Gobierno pretende inyectar este año 10.000 millones de euros en la economía, gracias al respaldo del PSOE y Coalición Canaria.
Así, el Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 18 de abril, ha recibido 170 votos a favor, por 161 abstenciones y solo tres votos en contra.
Durante la defensa del Real Decreto, el ministro de Economía, Pedro Solbes ha subrayado el plan del Gobierno gira en torno a un eje social "de protección de trabajadores, empresas y familias ante la nueva situación económica" y otro económico, para impulsar la economía en una fase de menor crecimiento, pero, ha insistido, "siempre dentro de la estabilidad presupuestaria".
El vicepresidente ha recordado las medidas previstas, que incluyen la deducción de 400 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y ha destacado que el plan del Gobierno contempla una importante rebaja de impuestos, con lo que el Estado devuelve a la sociedad parte de los recursos generados durante un periodo que ha tenido un crecimiento elevado, lo que ha permitido acumular el superávit de las cuentas públicas.
Pese a todo, sólo Coalición Canaria ha mostrado su apoyo a las medidas gubernamentales, mientras el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, y la diputada de UPD, Rosa Díez, anunciaron su rechazo al proyecto, mientras que los portavoces de ERC, BNG y Nafarroa Bai avisaron de su abstención.
Aprobada la "conducción" a Barcelona
El Pleno también ha convalidado el Real Decreto de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, que recoge la "conducción" de agua desde el río Ebro hasta la capital catalana.
En este caso, la medida ha recibido un apoyo casi unánime, ya que ha recibido 318 votos a favor, y uno solo en contra, así como 16 abstenciones. Esto no ha evitado las críticas contra la gestión del agua del Ejecutivo socialista, como las del PP, que, en boca del diputado Carlos Floriano, ha acusado al Gobierno de discriminar a varias regiones españolas, por lo que se ha preguntado si "la España decente de Zapatero es la que no atiende a todos por igual".