La llamada 'guerra del agua' que vivió España en los últimos tiempos de Aznar y los primeros de Zapatero amenaza de nuevo la paz entre políticos y territorios. El detonante es ahora la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley para llevar agua del Ebro a Barcelona, tal y como han acordado el Gobierno central y la Generalitat catalana.
Las explicaciones de la nueva ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que insiste en que no se trata de un trasvase, no han convencido en Valencia y Murcia, cuyos gobiernos reclamarán el mismo trato ante el Constitucional. Espinosa tampoco ha convencido a sus compañeros de partido en Aragón, cuyo gobierno, del PSOE, ha anunciado que pedirá un informe jurídico que determine si es o no un trasvase.
Los ocho trasvases del Ebro
Aunque el PSOE evite la palabra trasvase porque políticamente se ha convertido casi en un tabú, cabe aclarar que a día de hoy existen ocho trasvases desde la cuenca del Ebro a otras cuencas. De ellos, cinco llevan agua a la cornisa cantábrica (Santander, Torrelavega y tres dos a Bilbao, uno de ellos para uso industrial), dos a Tarragona y un último a Francia (un 0,5% de la cuenca del Ebro está en territorio francés). Se calcula que un millón y medio de personas de fuera de la cuenca del Ebro dependen de su agua.
Los otros trasvases
Además de esos trasvases en España hay otros como el Tajo-Júcar-Segura, (desde 1979, llevando agua de Cuenca a Murcia y Almería), el Negratín-Almanzora (de Jaén a Almería, inaugurado en 2002), el Tajo-Guadiana, el Júcar-Vinalopó (ambos en obras), y el Guadiana-Guadalquivir (aprobado en 2008 y que llevará agua de Huelva a Sevill y Cádiz).
Las competencias de agua
Dos grandes leyes nacionales ordenan el uso y gestión del agua: la Ley de Aguas, refundida en 2001; y la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) , publicada en 2005, después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero eliminara lo relativo al trasvase del Ebro, uno de los pilares del PHN ideado por el Gobierno de Aznar.
Sin embargo, el miedo a salir perjudicados en la `guerra del agua¿, ha llevado a las comunidades autónomas a blindar las competencias sobre sus cuencas. Así, el Estatuto de Aragón, en su artículo 19.3 obliga a los poderes públicos de la Comunidad a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".
El Estatuto de Cataluña en su artículo 117 da las competencias ejecutivas a la Generalitat sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés general.
El Estatuto de Andalucía, en su artículo 51, se asigna las competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir que no afecte a otras comunidades autónomas.
También el Estatuto de Valencia establece en su artículo 17.1 el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidada.
El Estatuto de Castilla-La Mancha, establece en sus disposición transitoria primera, la progresiva reducción del trasvase del Tajo al Segura, hasta su extinción definitiva en 2015.