El día 29 de diciembre, en su rueda de prensa de evaluación del año, Zapatero decía que "en materia terrorista estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que ahora". Como trágico contrapunto a sus palabras de esperanza, ETA detonaba una furgoneta cargada de bombas en la Termina 4 del aeropuerto de Barajas. En el atentado murieron dos personas y la tregua quedó pulverizada.
Inmediatamente después, el Gobierno daba por "liquidado" el proceso de paz y anunciaba un endurecimiento de la acción policial. Por su parte, ETA aseguró que la tregua seguía en vigor y no la declararía oficialmente rota hasta el 24 de marzo de 2007. Más tarde se sabría por boca de Zapatero que, todavía en esos tres primeros meses del año, hubo encuentros entre portavoces de ambas partes.
Según Zapatero, estos polémicos contactos posteriores se debieron a la necesidad que tenía el Gobierno, y también sus intermediarios, de contrastar toda la información y de asegurarse de que la postura de ETA era definitiva y no había escisiones de la banda actuando por su cuenta.
En los días siguientes al atentado de Barajas, el Gobierno trató de reorganizar un consenso político contra el terrorismo. El presidente Zapatero acudió al Congreso el 15 de enero para pedir el apoyo de las fuerzas políticas y logró aunar el empuje de la mayoría de los grupos, pero no obtuvo el respaldo del Partido Popular. Su líder, Mariano Rajoy, rechazó sumarse a ese nuevo pacto contra ETA, puesto que, en su opinión, no se garantizaba que la única acción del Estado sería la orientada a terminar con la banda terrorista.
Esta división quedó patente cuando el 4 de febrero el Partido Popular secundó una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid. En esta muestra de rechazo a la política antiterrorista del Gobierno tomaron parte decenas de miles de personas, 181.200 según la Delegación del Gobierno, y también compareció toda la dirección nacional del Partido Popular, que no había asistido a la última manifestación convocada.
Continuo enfrentamiento
Este distanciamiento entre oposición y Gobierno hizo que fuera imposible reunir el Pacto Antiterrorista en todo el año 2007, a pesar de que el Ejecutivo trato de hacerlo y organizó varias reuniones preparatorias. A finales de febrero el PP aseguró que renunciaba a el Pacto y en marzo, el día 10, convocó una manifestación multitudinaria en Madrid, con unos 337.000 asistentes según la Delegación del Gobierno, para pedir la dimisión de Rodríguez Zapatero. Esta manifestación fue el punto culminante de la dura pugna que sostuvo el PP con el Gobierno a cuenta de la prisión atenuada para el etarra convicto Iñaki De Juana Chaos.
Este caso fue uno de los episodios que más quebraderos han dado al Ejecutivo. Los días en que De Juana se puso en huelga de hambre y fue sacado de la prisión y trasladado a diferentes centros hospitalarios se convirtieron en un continuo calvario para Zapatero y sus ministros. El Partido Popular, apoyado por gran parte de la sociedad, utilizó el caso para atacar con fuerza al Gobierno y para reclamar una mayor dureza en la lucha contra los terroristas.
El 6 de junio de 2007, ETA anunció oficialmente el fin de la tregua decretada en marzo de 2006. La banda declaraba reabiertos "todos los frentes" y aseguraba que "no se dan las condiciones mínimas para seguir con un proceso de negociación".
A partir de ese momento, la postura del Gobierno hacia ETA y su entorno se endureció notablemente y rápidamente se produjeron las primeras reacciones, como la detención del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegui, que fue arrestado en San Sebastián el día 8 de junio. Desde ese día, cumple una condena de 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo.
Situación actual
Esta detención de Otegui fue el inicio de un giro llamativo en la posición gubernamental hacia el terrorismo y su entorno social. En los meses siguientes, se firmaron acuerdos de colaboración con Francia y Portugal y las detenciones incrementaron su frecuencia y su importancia. Durante el verano y el otoño de 2007 se multiplicaron las detenciones de etarras y de personas acusadas de apoyar a la organización.
También se ha intensificado la lucha desde el plano judicial y, aunque las órdenes de prisión han sido muchas, destacó la que se lanzó contra 23 miembros de Batasuna el día 10 de octubre. Un total de 17 de ellos acabaron encarcelados, algunos, dirigentes tan destacados como Joseba Permach o Juan José Petricorena. También ha sido llamativa la orden de prisión dictada por la Audiencia Nacional el día 5 de diciembre contra 35 de las 41 personas inculpadas en el llamado "macrojuicio contra ETA", que la Audiencia instruye desde 2005.
Por si fuera poco, el 8 de febrero, el juez Baltasar Garzón encarceló a Pernando Barrena, el último líder de Batasuna que estaba en libertad. Un día después, ordenó la suspensión de actividades de los partidos Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas.
El mismo juez Garzón lanzaba una nueva operación que acabó con 14 detenidos de la nueva Batasuna. Finalmente, 11 de los arrestados ingresaron en prisión. En esta última operación fue detenido Karmelo Landa, el hombre que, tras el encarcelamiento de Barrena, ejercía como portavoz de la ilegalizada formación abertzale.
Últimos atentados
En estos últimos meses, antes del atentado de Mondragón, ETA trató de responder a esta ofensiva con atentados, pero, en España, no logró pasar de bombas de escaso efecto. Tan sólo el cometido el día 9 de octubre contra Gabriel Ginés, escolta de un concejal socialista de Galdakao, causó daños importantes, ya que Ginés resultó herido de consideración.
Sin embargo, en Francia llevó sí a cabo un atentado grave y sin precedentes: el día 1 de diciembre, en Capbreton, un comanda terrorista se encontró con los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Los agentes, que iban desarmados, colaboraban con la gendarmería francesa. Tras identificarlos, los etarras mataron a uno de ellos e hirieron de extrema gravedad al segundo, que falleció unos días más tarde. Inmediatamente, las autoridades galas desplegaron un dispositivo de seguridad de gran envergadura que terminó con la detención de dos de los implicados en el atentado.
A raíz de este trágico episodio, España estrechó todavía más la cooperación con Francia y se pusieron en marcha equipos mixtos de trabajo con policías de ambos países. Fruto de esta cooperación fue la desarticulación del comando que atentó contra la T4 de Barajas. Este grupo terrorista fue desarticulado entre enero y febrero de 2008 en una amplia operación combinada.
Tras los asesinatos de Capbreton, ETA ha seguido tratando de atacar objetivos en España, pero las fuerzas de seguridad han logrado frustrar hasta una decena de atentados. De hecho, tal ha sido la eficacia de la acción policial que Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, aseguró a principios de febrero que, de seguir así las cosas y si ETA no lograba un atentado serio antes de las elecciones, lo siguiente sería la "entrega de las armas".
En la recta final de las elecciones
Durante los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008, el Partido Popular mantuvo sus críticas contra la política terrorista del Gobierno. El PP ha aplaudido las acciones judiciales y policiales, pero ha seguido culpando al Ejecutivo de actuar tarde y con fines electoralistas.
Para caldear más el ambiente preelectoral, la Conferencia Episcopal emitió el día 1 de febrero un comunicado en el que aseguraba que "Una sociedad justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político". La nota de los obispos enfureció al Gobierno y motivó sus protestas ante la Santa Sede. Tratando de moderar su postura, los obispos emitieron el día 2 de febrero un nuevo comunicado en el que matizaban que se puede "hablar" con ETA, pero no "negociar".
Atentado pre-electoral y coche bomba
Tres días antes de las elecciones del 9 de marzo de 2008, ETA vuelve a atentar, esta vez contra un ex-concejal del PSE en Mondragón Isaías Carrasco fue tiroteado en la puerta de su casa y falleció tras recibir varios disparos en la nuca.
Pocos días después, el 21 de marzo, coloca un coche bomba con fuerte carga explosiva cerca del cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja). La banda avisa con anterioridad a la DYA de Vizcaya, por lo que la Policía tiene tiempo para desalojar la zona. No se producen víctimas mortales pero sí fuertes daños materiales.
ETA se deja notar
Todavía en el mes de marzo, el día 21, un coche-bomba colocado por ETA estallaba a las 14.00 horas cerca del cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja). Como consecuencia de la explosión, un guardia civil resultó herido de levedad y varios edificios y vehículos sufrieron importantes daños materiales.
Además, el 30 de marzo, ETA atentó contra un repetidor de la localidad de Azpeitia (Guipúzcoa), donde la explosión de dos artefactos provocó escasos daños en las instalaciones del repetidor de telecomunicaciones.
En las primeras horas del 1 de mayo, día del Trabajo, y horas después de la encarcelación de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, ETA reaparece con tres bombas, dos en San Sebastián y otra en Arrigorriaga (Vizcaya). Los atentados provocaron daños materiales en edificios gubernamentales.