Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha desvinculado del desvío de 8 millones de euros que está investigando la Operación Soule y por la que estaba citado a declarar en la Audiencia Nacional este lunes. Lo mismo ha hecho Raúl Masso, exsecretario general del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Por su parte, Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del CTA, citado en la misma causa se ha negado a declarar ante juez Alejandro Abascal, que investiga a la anterior cúpula de la RFEF.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Villar ha señalado que él en la RFEF tenía funciones institucionales pero no ejecutivas en lo relativo a los árbitros, y que esos 8 millones no tenían un carácter finalista por lo que el CTA podía destinarlos a lo que quisiera. Por su parte, Massó habría declarado ante el juez Alejandro Abascal que tampoco tenía funciones sobre esa partida y que quien lo manejaba era Sánchez Arminio.
Las declaraciones, que se han ventilado en cuestión de una hora, se producían en el marco del caso Soule en el que la Audiencia Nacional indaga en las presuntas irregularidades en la gestión de Villar al frente de la Federación.
El instructor se abría a citarles, en contra de su criterio inicial, después de que la Sala de lo Penal diera la razón a Fiscalía Anticorrupción y lo ordenara. Y todo por un recurso de la Liga de Fútbol Profesional que rebatía la decisión de Abascal de mantener a Sánchez Arminio y Massó como testigos.
En la resolución de la Sala se señalaba que procedía tomarles declaración como investigados, "sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita la Liga".
Para la Sala, el hecho de que ya hubieran declarado previamente como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados.
El auto, fechado el pasado 13 de marzo, recogía los argumentos de La Liga, que denunciaba que de las diligencias practicadas se derivaba "la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos" a los fines convencionales para los que La Liga aportaba determinados fondos a la RFEF.
Indicaba que esos pagos se llevaron a cabo en virtud de un 'Acuerdo arbitral referente a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la Liga a la RFEF'. Y ponía el foco en que ese acuerdo era "alcanzado y documentado por personas sin atribución ni competencia" alguna para ellos.
Apuntaba además que esa actuación se hizo "a espaldas" de La Liga, de forma que los que eran a la fecha de los hechos presidente y secretario del CTA (Sánchez Arminio y Massó) "prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas" con fondos de La Liga. "Gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la Liga a la RFEF", añadía La Liga.