La Fiscalía ha denunciado al FC Barcelona y a dos de sus expresidentes, además de otros directivos, "por un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil" por el conocido como caso Negreira, por los pagos a una sociedad del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).
El Ministerio Público, en su denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE, acusa al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Josep Maria BartomeuSandro Rosell así como a dos de sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler, además del club como persona jurídica.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha interpuesto la denuncia ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, con el objetivo de que la acumule en las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada en las últimas semanas por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira.
El Ministerio Público ha hecho la denuncia tras la investigación que abrió por las irregularidades fiscales detectadas al ex número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que tenía una sociedad a la que el Barça pagó 7,3 millones de euros durante varios años por unos servicios de asesoramiento que parece que no han quedado justificados y que han despertado muchas sospechas en el mundo del fútbol.
En la denuncia, la Fiscalía denuncia que "a través de los Presidentes Rosell y Bartomeu el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado José María Enriquez Negreira, a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales".
Penas graves
El código penal aborda los "delitos de corrupción en los negocios" en el artículo 286 bis y los castiga con pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa de hasta el triple del valor del beneficio o ventaja obtenido ilícitamente.
Además, recoge explícitamente que este tipo --antes conocido como "corrupción entre particularles"--, es aplicable, "en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva", como es el caso de la Liga de fútbol, la Copa del Rey y la Supercopa.
Es más, el propio código penal contempla que, llegado el caso, entre las penas aplicables a las personas jurídicas se puede llegar a su disolución.
La Fiscalía denuncia, además, que el presunto delito se cometió de forma continuada en el tiempo --o sea, un agravante--, ya que los pagos del FC Barcelona a Dasnil 95 S.L., la empresa de Enríquez Negreira, se sucedieron ininterrumpidamente desde al menos 2001 hasta 2018, que fue justo cuando el exárbitro dejó de ser vicepresidente del CTA.