El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por amplia mayoría con 298 votos a favor, 3 en contra y 26 abstenciones, el proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que adaptará totalmente la normativa española al Código Mundial Antidopaje.
La puesta en marcha de reconocimientos médicos para deportistas populares, los controles nocturnos, entre las 23:00 y las 6:00 horas, una nueva denominación de la Agencia Estatal Antidopaje y multas de hasta 400.000 euros para casos en los que estén implicados menores son algunas de las novedades de la nueva ley.
Se contempla el establecimiento de un Plan de Apoyo a la Salud en la actividad deportiva que determinará los riesgos comunes y específicos para la salud de los deportistas, según los casos y establecerá las medidas de prevención, conservación y recuperación necesarios.
El texto concluyó su tramitación parlamentaria con el respaldo de todos los grupos de la cámara Baja, salvo el Mixto, que se manifestó en contra, y la abstención del Catalán y el Vasco, al considerar que no refleja la exclusividad competencial de las comunidades autónomas en materia de deporte.
Bueno para Madrid 2020
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, ha firmado en el Congreso que la nueva Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje, aprobada definitivamente en la Cámara Baja, "fortalece la candidatura de Madrid 2020".
"El dopaje ha dejado de estar en la agenda de las preocupaciones de la candidatura de Madrid. Y es un paso firme y determinante en España para luchar contra aquellos que no respetan la pureza del deporte", ha dicho Cardenal.
La directora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Ana Muñoz Merino, la ha calificado como "el final de la primera etapa y un paso imprescindible para equiparse al resto de países y ganar en credibilidad. Es una noticia que fortalece a Madrid 2020 y garantiza que los deportistas limpios puedan competir en igualdad de condiciones".
La nueva ley, que sustituirá a la anterior del año 2006 y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es imprescindible en opinión del Gobierno en un momento en el que España defiende los proyectos olímpicos de Madrid 2020 y Barcelona-Pirineos 2022. Después de la votación a favor de las enmiendas incorporadas por el Senado, el Congreso dio el sí definitivo a la nueva ley
Exposición de posturas
El diputado popular, Antonio Román, defendió una ley "de consenso, oportuna y necesaria", que permitirá "adaptar el marco legal español a la última modificación del Código Mundial Antidopaje" y reafirmar la "vocación de acabar con el dopaje y los tramposos en el deporte y proteger la salud de los deportistas".
"Hasta el momento algunos consideraban que en España no se tomaba con suficiente seriedad este problema", dijo Román, quien recordó que durante la tramitación se han incorporado casi 30 enmiendas de los grupos y destacó que con la ley España "adapta su marco legal a la última modificación del Código Mundial Antidopaje".
Previamente, el diputado socialista, Manuel Pezzi, cuestionó las intervenciones "sectarias" de los portavoces populares en el Senado, "aplaudidas por la senadora Marta Domínguez", con las que, en su opinión, trataron de demostrar que "con este Gobierno se hacen las cosas mejor y que la herencia recibida era horrorosa con el tema del dopaje".
El diputado socialista reiteró el apoyo de su grupo a la ley, aunque anunció que estará "atento para que se aplique con rigor y solvencia", tras cuestionar también a la directora de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), Ana Muñoz, de quien dijo "no ha mostrado mucho sentido común".
Con anterioridad los portavoces respectivos de los grupos UPyD, Toni Cantó, y La Izquierda Plural, Ricardo Sixto, confirmaron su respaldo al texto, pese a que el segundo deseó que la ley "contemplase una mejora en la prevención en materia de salud", ya que "cuando el deporte se convierte en un negocio hay gente que arriesga su vida".
El turno de intervenciones lo abrió el diputado catalán del grupo Mixto, Joan Tardá, quien reiteró su voto en contra "porque es un hachazo a las competencias autonómicas", argumento que defendieron también las portavoces de los grupos Catalán y Vasco, Montserrat Xurroca e Isabel Sánchez, aunque su posición fue la de abstenerse en la votación.