El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha explicado que, cuando su junta tomó posesión del cargo el 1 de julio de 2010, descubrió que la entidad azulgrana "debía más de 60 millones de euros a los jugadores", contando todas las secciones profesionales.
"En unas semanas teníamos que pagar 100 millones, pues además de esos 60 se debían más de 30 millones a la Seguridad Social", ha declarado durante el juicio sobre la impugnación de la asamblea de 16 de octubre de 2010 por parte del expresidente del club, Joan Laporta.
Rosell ha acudido a declarar a la Ciudad de la Justicia en representación del FC Barcelona, al que Laporta y sus directivos demandaron después de que en la citada asamblea se acordara ejercer un acción de responsabilidad social contra ellos por las pérdidas de 47,8 millones de euros acumuladas en su mandato.
Según Laporta, el club no le permitió, tal como establece el artículo 50 de los estatutos, defender ante los socios compromisarios su gestión económica, que se cerró con un superávit de 11,1 millones al cierre de la temporada 2009-10. En aquella asamblea, en cambio, se aprobaron unas pérdidas de 79,6 millones en ese último ejercicio.
"Le invitamos, como expresidente y compromisario, a que viniera a la asamblea a expresar lo que considerase oportuno hasta en dos ocasiones, pero los estatutos no permiten defender unas cuentas alternativas que además no se corresponden con la realidad", ha añadido Rosell.
Disparidad sobre la 'due diligence'
Durante el juicio, los abogados de los demandantes han acusado a la actual directiva de manipular la asamblea, aportando datos sesgados de la 'due diligence' que encargó el club, con el único propósito de dañar la imagen de la junta anterior y allanar el camino a un posterior voto favorable a la acción de responsabilidad.
Rosell lo ha negado con rotundidad. "La 'due diligence' fue una herramienta más de transparencia que utilizamos en aquella asamblea. Fuimos totalmente neutrales. Tanto es así, que yo di más argumentos para que la gente votara en contra de la acción de responsabilidad que a favor y además voté en blanco", ha recordado.
Lo que sucedió, en opinión de Rosell, es que aquella 'due diligence' desveló algunos detalles de la gestión de Laporta "difíciles de explicar", como 3 o 4 millones en gastos de seguridad sin justificar, los 18 millones que se pagaron por los terrenos de Viladecans o los 20.000 euros que se gastaban por partido en 'catering', "cifras fuera de toda lógica", ha apuntado.
Deuda con los jugadores
Sandro Rosell ha recordado, además, que la situación económica era tan delicada cuando accedió al cargo, que el club pudo salir adelante gracias a un crédito sindicado de 155 millones, de los que aproximadamente 100 inmediatamente se destinaron a saldar la deuda con los jugadores y con la Seguridad Social.
El próximo 11 de noviembre está prevista la reanudación del juicio con el visionado de la grabación de la asamblea de compromisarios de 2010. Después, el caso quedará visto para sentencia.