La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión: 25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. [Lee aquí el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo].
En concreto, la Fiscalía considera a Junqueras, los 'Jordis', a Forcadell y al exconseller del Interior, Joaquim Forn, líderes o "jefes" de la rebelión del proceso independentista en Cataluña.
Boletines RNE - La Fiscalía acusa a los líderes del procès de rebelión y pide 25 años para Junqueras - 02/11/18 - Escuchar ahora
Las de este viernes son las conclusiones provisionales que ambas Fiscalías han emitido tras la apertura del juicio oral a los líderes el 'procés' en el Supremo el pasado 25 de octubre. Acusaciones que contradicen a las emitidas este mismo viernes por la Abogacía del Estado, quien rebaja la acusación al delito de sedición, que implica menores penas de cárcel, al considerar que no hubo violencia en el 'procés'.
Por otra parte, la acusación popular que ejerce VOX ha pedido 74 años de cárcel para Junqueras por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos, tal como consta en el escrito que ha presentado ante el Supremo. También ha solicitado las mismas penas, por los mismo delitos, para los exconsellers Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull.
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Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo considera, sin embargo, que el plan secesionista de los acusados "contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria", valiéndose para ello de "la fuerza intimidatoria" de la "actuación tumultuaria" llevada a través de las grandes movilizaciones ciudadanas, así como "el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos" a la orden "exclusivamente de sus instrucciones".
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Penas para los exconsellers y los líderes de la ANC
La pena más alta que pide la Fiscalía es para Junqueras por considerar que en el delito de rebelión también estuvo implicado uno de malversación de fondos públicos y exige a su vez para él 25 años de inhabilitación absoluta. A última hora de la noche, Junqueras ha asegurado en un tuit que "nunca" se ha rendido ni se rendirá, y, por tanto, "ganaremos".
Acusados por rebelión noticias
Para los líderes de las entidades soberanistas ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el Ministerio Fiscal exige además de 17 años de prisión otros 17 de inhabilitación absoluta. El ministerio fiscal destaca su "papel crucial" como líderes de los movimientos populares a la hora de ejercer "un instrumento de presión" que obligase al Estado a "capitular".
La Fiscalía pide la misma pena de prisión, 17 años, para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell tramitar las leyes de desconexión en en la cámara catalana y movilizar junto con los líderes de las entidades soberanistas a la ciudadanía
Solicita a su vez 16 años de prisión e inhabilitación por un delito de rebelión a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull y Dolors Bassa. Ellos, junto con Junqueras, están acusados de un delito de malversación por la "distracción ilegal de caudales públicos" para el proceso soberanista, pero la Fiscalía rebaja un año su acusación en su caso al no atribuirles el papel de jefes de la rebelión.
Respecto a los consellers que están en libertad provisional, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila están acusados no de rebelión, pero sí de un delito de malversación de fondos públicos y otro delito continuado de desobediencia grave por los que la Fiscalía pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, así como una multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros). Por el delito de desobediencia solicita además un año y ocho meses de inhabilitación como cargo público.
Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión -Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ana Simó, Ramona Barrufet y Josep Nuet- no pide prisión pero sí una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y cuatro meses por un delito de desobediencia grave. También para la expresidenta de la CUP en el Parlament, Mireya Boya.
Once años de cárcel para Trapero por rebelión
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de rebelión a quienes fueran los máximos responsabes de los Mossos d'Escuadra al considerar que "se sumaron al plan secesionista" poniendo a su servicio a la policía autonómica, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".
[Lee aquí el escrito íntegro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional]
Por ello, acusa de un delito de rebelión al antiguo mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el 'procés' y solicita para él una pena de 11 años de cárcel al considerar su figura como una "pieza clave" en el 'procés'. Agrava con ello el delito por el que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal.
La Fiscalía incluye en su acusación de rebelión al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y al ex secretario general del Interior César Puig -segundo del exconseller del Interior Joaquim Forn- y pide para ellos once años de cárcel, los mismos que para Trapero. Los tres máximos dirigentes del cuerpo de policía catalán, señala la Fiscalía, procedieron a "sustraer cualquier clase de fuerza armada" a la obediencia que el cuerpo debía al Gobierno.
Por último, la Fiscalía emite una acusación por delito de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y pide cuatro años de prisión por un delito de sedición y cinco de inhabilitación especial para empleo público como mosso.
Otras consideraciones
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza varias situaciones que se vivieron antes, durante y después del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Entre ellas, concluye que el Govern "burló" el control del Estado cuando Hacienda intervino las cuentas públicas de la comunidad autónoma para pagar el referéndum con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior que eleva a más de tres millones de euros.
También establece en su escrito que el gobierno catalán presionó a la prensa extranjera para ejercer como un elemento propagandístico internacional de la causa soberanista antes y después del referéndum y alude para ello a un informe de Reporteros sin Fronteras.
Por último, considera que la declaración de independencia que se produjo en el Parlament el 27 de octubre de 2017 no fue "meramente simbólica" porque la Generalitat disponía de las estructuras y leyes para desarrollar el "marco jurídico" de la República y un plan para garantizar que los Mossos d'Esquadra asumieran el control de todo el territorio.