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Referéndum en Cataluña

Cataluña avanza hacia la declaración de independencia tras un 1-O sin garantías y convulso

MARÍA MENÉNDEZ

Domingo para la historia en Cataluña y en España. Bajo una tensión sin precedentes en nuestro país en las últimas décadas, se ha desarrollado la jornada del referéndum del 1-O con una Generalitat que ha tratado de materializar, con un sistema electoral insólito y sin garantía jurídica alguna, su desafío al Estado y que ha apuntado a una Declaración Unilateral de Independencia "en los próximos días" en base al resultado: el 90% de los 2,2 millones de votantes ha dicho 'sí' a la secesión, frente al 7,8% que ha votado 'no'.

Y un Gobierno que ha hecho uso de la fuerza para tratar de impedir una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había ordenado parar. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy han acusado al Govern de haber "liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática" con una consulta calificada de "bochorno" y "paripé".

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado, en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, que esta semana "trasladará" al Parlament los resultados de la consulta, para que, ante la victoria del 'sí', aplique el procedimiento previsto en la ley del referéndum para proclamar la independencia de Cataluña. "Nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente", ha sentenciado, en la línea de seguir adelante con su plan soberanista. El Govern ha ofrecido de madrugada unos porcentajes de escrutinio que sumados dan más del 100% de los votos.

El número de heridos este domingo- más de 840, dos graves, entre ellos 19 policías nacionales y 14 guardias civiles- pone de manifiesto la dureza de un día en el que ha habido seis detenidos, uno de ellos menor, por resistencia, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Los trenes de la Generalitat y del Gobierno finalmente han chocado, tal y como se esperaba al calor de los últimos acontecimientos en un mes de septiembre plagado de querellas, amenazas y declaraciones que sólo han echado más leña al fuego independentista. En medio de la olla a presión política han quedado los ciudadanos catalanes. Todos. Los que han salido a votar y los que se han quedado en su casa en una Cataluña fracturada.

La grieta entre los gobiernos de España y Cataluña se abre así más y más, con todos los puentes volados. No se reconocen, no se legitiman y se desacreditan mutuamente en una espiral en la que parece no existir la posibilidad, ya no de entendimiento, sino de simple diálogo.

Sólo las fuerzas independentistas de Cataluña han legitimado este referéndum, que le puede costar a sus impulsores la inhabilitación o la cárcel.

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Rajoy convocará a los partidos para abordar juntos el futuro de Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido desde La Moncloa para decir que "este domingo no ha habido referéndum" sino la "escenificación de una estrategia contra la convivencia democrática", y para convocar a las fuerzas políticas a "reflexionar sobre un futuro que debe ser afrontado juntos" tras el 1-O. Ha dicho que "los únicos culpables son los que han violado la ley".

No lo ve así Puigdemont, que ha destacado que Cataluña ha "conseguido celebrar el referéndum que el Estado se ha esforzado tanto en impedir" haciendo una "apelación directa" a la Unión Europea para que, ante la "intransigencia y la represión" del Estado, asuma la cuestión catalana.

Ante el abismo entre los gobiernos de Rajoy y Puigdemont, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado por "poner fin al tiempo de la inacción" y ha instado al presidente a abrir una negociación con la Generalitat, en una comparecencia en la que ha mostrado su disconformidad con las cargas policiales, enfriando así el apoyo que los socialistas habían mostrado a la estrategia del Gobierno en esta crisis.

Muy crítico ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha acusado a Rajoy de estar "inhabilitado" para poner fin a lo que ha definido como "crisis de Estado" enfrentada con una "oleada de represión". "La democracia no se defiende a palos ni desde las cloacas, ningún argumento justificaba hoy el uso violencia contra población civil", ha recalcado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha comparecido junto con la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido elecciones autonómicas en Cataluña adelantadas para que los ciudadanos puedan votar "de verdad".

Cargas policiales frente a la inacción de los Mossos

Este domingo ha dejado, sobre todo a primera hora, imágenes violentas con cargas policiales, duros forcejeos, lanzamiento de pelotas de goma (prohibidas en Cataluña) y agentes antidisturbios saltando vallas de colegios y rompiendo a mazazos las puertas de los centros para entrar a requisar urnas y material electoral.

La Generalitat ha denunciado el uso de gases lacrimógenos contra "gente pacíficamente concentrada que sólo quería votar".

En algunos centros, donde los ciudadanos han formado largas colas para votar, éstos se han atrincherado e incluso montado barricadas para impedir la acción policial. Algunos agentes han sido apedreados, según ha denunciado el Ministerio del Interior, que ha explicado que sólo ha habido cargas en situaciones de "acorralamiento" y ha lamentado el "acoso" a los agentes.

Por otro lado, la Policía Nacional y la Guardia Civil han acusado a los Mossos d'Esquadra de "vergonzosa pasividad" en una actuación que será investigada por siete juzgados de Cataluña. La tensión ha sido palpable entre la policía autonómica catalana y los agentes del Estado, que se han encarado en varios momentos durante la intervención de los segundos para frenar el referéndum.

Mientras que el Gobierno ha defendido la "complicada" actuación policial considerándola "proporcionada" y "templada", desde las fuerzas independentistas se ha hablado de "violencia injustificada de Estado", "brutalidad policial", "salvajada", "agresiones indiscriminadas contra la gente", "represión enloquecida" e "imagen de vergüenza y represión ante el mundo".

La Generalitat ha ido más allá y ha presentado una denuncia contra la Guardia Civil y la Policía Nacional por participar en acciones "violentas y desproporcionadas" al entender que han podido cometer delitos como los de lesiones, coacciones y amenazas u otros de desórdenes públicos.

El Govern se inventa un censo universal que el Gobierno califica de "paripé"

El Govern ha dado a conocer a primera hora de este 1-O su plan B ante el precinto de algunos colegios. Durante toda la semana había afirmado que tenía un plan alternativo y ha dado la sorpresa cambiando de forma insólita las reglas del juego democrático en un referéndum.

Así, Puigdemont se ha inventado un sistema de votación con un "censo universal" que ha posibilitado a los ciudadanos votar en cualquier colegio sin sobres, con la papeleta doblada e, incluso, impresa en casa.

Los miembros de las mesas, que se arriesgan a multas de hasta 400.000 euros, han tenido que apuntar a mano, en algunos casos, los nombres de las personas que han acudido a votar.

Según ha informado el portavoz del Govern, Jordi Turull, un total de 400 colegios electorales, de los 2.315 abiertos para votar, han sido cerrados por la intervención de las fuerzas y cuerpos del Estado.

La votación que se ha desarrollado en la consulta incumple la propia Ley del Referéndum y el propio manual de la Generalitat catalana con instrucciones a los miembros de las mesas ya que, por ejemplo, se establece que los votos emitidos sin sobre deben considerarse nulos y finalmente serán válidos, según informa Efe.

El Gobierno ha calificado este método electoral de "farsa" y ha denunciado que el sistema ha permitido a una misma persona votar varias veces.

El 1-O acaba este domingo, pero se abre ahora una semana incierta en la que la Generalitat podría dar un nuevo paso en su deriva soberanista con esa Declaración Unilateral de Independencia, ante la que el Gobierno podría, ahora sí, atreverse con el artículo 155 de la Constitución. Esta posibilidad ha provocado discrepancias entre PDeCAT, ERC y la CUP en la semana previa a la consulta.

Además, la conflictividad podría no parar ya que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han hecho un llamamiento a los catalanes a que se sumen a la convocatoria por parte de la Taula per la Democràcia, que aúna a entidades soberanistas y sindicatos como UGT y CCOO, para llevar a cabo una "huelga general" el próximo 3 de octubre.